Legalidad del sistema de gestión de riesgos en el comercio exterior colombiano
El Consejo de Estado determinó la implementación de mecanismos de transparencia en el sistema de gestión de riesgos
El comercio exterior es una de las piezas clave para la economía de un país, ya que permite la importación y exportación de bienes y servicios. Sin embargo, para que este proceso funcione de manera eficiente y segura, es necesario que existan regulaciones que controlen las operaciones y eviten prácticas ilícitas como el contrabando y la evasión fiscal. En este contexto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia implementó un sistema de gestión de riesgos, el cual ha sido objeto de debate y recientemente analizado en la Sentencia 27067 del Consejo de Estado.
La Sentencia 27067, emitida el 13 de marzo de 2025, evalúa la legalidad del sistema de gestión de riesgos de la DIAN, el cual clasifica a los operadores de comercio exterior según su nivel de riesgo (bajo, medio o alto). Esta clasificación impacta directamente en los beneficios y facilidades aduaneras a los que pueden acceder las empresas y personas que importan o exportan mercancías.
La demanda fue presentada por Andrea Ospina García y Pedro Enrique Sarmiento Pérez contra diversas entidades del gobierno, incluyendo el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Hacienda y la DIAN. Los demandantes argumentaron que este sistema violaba derechos fundamentales como el hábeas data (protección de información personal) y el debido proceso, ya que los operadores no podían conocer, actualizar o impugnar la información utilizada para calificarlos como de alto riesgo.
El sistema de gestión de riesgos de la DIAN es una herramienta utilizada para evaluar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, tributarias y cambiarias de los operadores de comercio exterior. Entre sus funciones se encuentran:
- Identificar riesgos en las operaciones comerciales.
- Determinar qué operaciones requieren un control más estricto.
- Asignar beneficios a los operadores que demuestran un comportamiento confiable.
Para los operadores de comercio exterior, ser clasificado como de alto riesgo puede significar mayores controles aduaneros, retrasos en sus operaciones y la pérdida de beneficios como el levante automático de mercancías y el pago consolidado de impuestos. Sin embargo, la falta de transparencia en este proceso generó preocupaciones en el sector empresarial.
Los demandantes argumentaron que el sistema de la DIAN presentaba varios problemas:
- Falta de acceso a la información: Los operadores no podían conocer qué datos se utilizaban para su clasificación.
- Ausencia de un procedimiento claro: No existía un mecanismo definido para que los operadores pudieran impugnar su clasificación o corregir errores en la base de datos.
- Impacto negativo en la competitividad: Empresas con un historial de cumplimiento podían verse afectadas por errores en la clasificación de riesgo, lo que obstaculizaba sus operaciones comerciales.
El Consejo de Estado determinó que, si bien el sistema de gestión de riesgos es una herramienta válida para el control aduanero, debe garantizar el derecho de los operadores a conocer la información utilizada para su clasificación y permitirles impugnar cualquier error. En consecuencia, ordenó la implementación de mecanismos de transparencia que permitan a los operadores acceder y corregir su información cuando sea necesario.
A partir de esta decisión, se espera que la DIAN y otras entidades relacionadas con el comercio exterior implementen medidas como:
- Mayor transparencia en la clasificación de riesgos, permitiendo que los operadores conozcan su estado y los criterios utilizados.
- Establecimiento de un mecanismo de reclamación, para que los afectados puedan impugnar su clasificación o solicitar correcciones en la base de datos.
- Revisión de los criterios de evaluación, asegurando que sean justos y equitativos para todos los operadores.
El comercio exterior es una actividad fundamental para el crecimiento económico de Colombia. Si bien es necesario contar con mecanismos de control que garanticen la legalidad y seguridad de las operaciones, estos no deben vulnerar los derechos de los operadores. La Sentencia 27067 representa un paso importante hacia un comercio exterior más transparente y equitativo, donde las empresas y personas dedicadas a la importación y exportación puedan operar con mayor certeza y seguridad jurídica.
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